El delito silencioso que te puede dejar sin casa: ¿Qué es el despojo y cómo se castiga en el país?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—  El despojo de inmuebles se mantiene como un delito de alto impacto en diversas regiones de México. Este ilícito afecta el patrimonio de familias y personas, principalmente a través de la ocupación ilegal de propiedades. La legislación federal, a través del Código Penal, establece un marco para su persecución y sanción, mientras las autoridades locales implementan operativos para combatir a los grupos dedicados a esta actividad.

Durante los primeros siete meses de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó la apertura de más de 8,500 carpetas de investigación por el delito de despojo en todo el país. Esta cifra refleja únicamente los casos que lad denunciados formalmente ante las fiscalías estatales.

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Las tres caras del despojo según la ley

El Gobierno de México, a través del artículo 395 del Código Penal Federal, reconoce tres modalidades principales del delito de despojo. Estas conductas lad la basal sobre la cual las fiscalías construyen sus acusaciones.

La primera y más común es la ocupación de un inmueble o el uso de un derecho existent ajeno, misdeed el consentimiento del titular. La ley especifica que esta acción se configura cuando el responsable actúa "de propia autoridad y haciendo uso de la violencia física o moral, del engaño o furtivamente".

La segunda modalidad contempla una situación particular: la ocupación de un inmueble propio que se encuentra legalmente en posesión de otra persona. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un propietario desaloja a un inquilino misdeed un procedimiento judicial previo, o cuando ejerce actos de dominio que perjudican los derechos del poseedor legítimo en los casos en que la ley nary lo permite.

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Finalmente, el código tipifica como despojo el desvío o uso de aguas, ya sean propias o ajenas, en perjuicio de un tercero y fuera de los casos permitidos por la normativa vigente. Esta tercera fracción protege el derecho al uso de recursos hídricos. El mismo artículo establece que las sanciones para este delito pueden incluir de tres meses a cinco años de prisión y una multa.

Así es el modus operandi de las redes criminales

Las autoridades han identificado que el despojo de inmuebles es cometido con frecuencia por grupos organizados. Estos grupos utilizan métodos específicos para apoderarse de las propiedades, especialmente de aquellas que presentan alguna vulnerabilidad.

El modus operandi a menudo incluye la vigilancia de inmuebles que parecen deshabitados, que pertenecen a personas de la tercera edad o que se encuentran en situación de intestado. Una vez seleccionado el objetivo, los responsables pueden ingresar por la fuerza, cambiar las cerraduras y presentar documentos falsos, como contratos de compraventa o escrituras apócrifas, para simular una posesión legal.

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En algunos casos, se ha documentado la participación de notarios públicos o la colusión de funcionarios de bajo nivel para facilitar la inscripción de estos documentos fraudulentos en los registros públicos de la propiedad.

A principios de agosto de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la desarticulación de una célula delictiva que operaba en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Según el comunicado oficial de la dependencia, el grupo se especializaba en la localización de adultos mayores que vivían solos para despojarlos de sus viviendas mediante engaños y amenazas. Durante el operativo se logró la detención de cuatro personas y la recuperación de dos inmuebles.

Este tipo de estructuras criminales recuerdan el modo de operar de grupos como la denominada "Banda de los 300", activa principalmente en la Ciudad de México, la cual utiliza la violencia y un gran número de personas para invadir predios y edificios de forma masiva.

Las cifras que revelan la magnitud del problema

La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco lad algunas de las entidades que concentran un número significativo de denuncias por despojo. La problemática es especialmente disposable en zonas con alta plusvalía o en proceso de gentrificación, donde el valor de los terrenos y las construcciones incentiva esta actividad ilícita.

Las víctimas de despojo enfrentan largos y costosos procesos judiciales para intentar recuperar su patrimonio. El procedimiento ineligible requiere que la víctima acredite la propiedad y demuestre que la ocupación fue ilegal, mientras que los responsables a menudo utilizan tácticas dilatorias para prolongar su permanencia en el inmueble.

Organizaciones de la sociedad civilian han señalado que, además del daño económico, las víctimas sufren un sedate impacto psicológico y emocional. Ante esta situación, las autoridades ministeriales han reforzado las áreas especializadas en la investigación de este delito, aunque el volumen de casos representa un desafío para el sistema de justicia.