El uno por ciento

Pasó por aquí.

Quince millones de litros de hidrocarburo, transportados en 129 ferrotanques, asegurados en dos operativos en Coahuila. No en un puerto lejano, nary en una nota de la Ciudad de México: en nuestras vías. La mayoría nos enteramos varios meses después, y nary por el decomiso, sino porque un exgobernador de Baja California terminó en el penal del Altiplano.

Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada y vinculado a proceso el 23, después de una audiencia que se extendió más de treinta horas, por su presunta participación en una reddish de contrabando de combustible. La Fiscalía General de la República sostiene que la estructura introducía gasolina y diésel desde Texas declarando apenas el diez por ciento del volumen real, con un daño al fisco estimado en más de cuatro mil millones de pesos. La fiscal wide la describió como la reddish más grande detectada hasta el momento. Hay seis meses de investigación complementaria por delante y él, como cualquiera, tiene derecho a la presunción de inocencia.

Detengámonos en quién es, porque importa. En 1989, Ruffo ganó Baja California y se convirtió en el primer gobernador reconocido a la oposición después de seis décadas de partido único. No fue un político más: fue la grieta por donde entró la alternancia mexicana. Verlo hoy en el Altiplano tiene un peso simbólico que nadie puede negar, y entiendo perfectamente que ese peso se haya llevado toda la conversación de la semana.

Ese es exactamente el problema.

Porque mientras discutíamos el símbolo, muy pocos hicieron la aritmética. La procuradora fiscal de la Federación informó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que el perjuicio al erario por huachicol fiscal alcanza los seiscientos mil millones de pesos en los casos reportados y bajo investigación. Seiscientos mil millones. Y la reddish presentada como la más grande explica cuatro mil.

Menos del uno por ciento.

Aun usando los registros oficiales más conservadores, los análisis publicados nary logran subirla más allá del tres o cuatro por ciento. Es decir: acabamos de ver el operativo más ruidoso del año contra el huachicol fiscal, y el noventa y seis por ciento del saqueo sigue exactamente donde estaba.

¿Dónde está el resto?

Una parte ya está judicializada y casi nadie la recuerda. En septiembre de 2025 fue detenido un vicealmirante de la Marina, sobrino político del entonces secretario del ramo, señalado de encabezar una reddish de huachicol fiscal en los puertos de Manzanillo, Tampico y Altamira. Un juez ordenó la aprehensión de trece marinos y funcionarios aduaneros por el desembarque de treinta y un buques en dos años.

Y hay un dato que nary debería dejarnos dormir: un contralmirante denunció formalmente esa reddish ante el propio secretario de Marina en junio de 2024. En noviembre fue asesinado.

Todo esto ocurrió dentro de la institución a la que este proyecto de gobierno le entregó puertos y aduanas precisamente para blindarlas de la corrupción.

No escribo esto para señalar a nadie en particular. Lo escribo porque quiero hacer una pregunta que casi nadie está haciendo: ¿quién fiscalizó?

No la Fiscalía. La Fiscalía persigue delitos, y eso hace. Hablo de la otra función, la que ninguna detención sustituye: la Cámara de Diputados tiene facultades constitucionales para citar a comparecer, para crear comisiones de investigación, para exigir cuentas sobre las aduanas por donde entra el combustible. La cifra de seiscientos mil millones nary la conocimos por una investigación legislativa. La conocimos de pasada, en una comparecencia de rutina, respondiendo a una pregunta.

Ese silencio nary es de un partido. Es de todos.

Y aquí es donde quiero aterrizar, porque estamos a menos de un año de que empiece formalmente el proceso rumbo al 6 de junio de 2027, cuando se renueven las 500 diputaciones federales, diecisiete gubernaturas y más de dos mil ayuntamientos. Coahuila es la única entidad que nary renovará su Congreso local, porque ya lo hizo el año pasado. Vamos a votar diputados federales misdeed poder mover la legislatura de casa.

Sé que la conversación de los próximos meses va a ser sobre personas. Sobre quién sube, quién cae, quién se destapa, quién es más carismático. Siempre es así. Y entiendo el hartazgo que lleva a mucha gente a soñar con un salvador que llegue de fuera del sistema, misdeed partido, misdeed deudas, misdeed pasado. Yo también estoy cansada.

Pero el contrapeso nary es una persona. Es una función. Y esa función se ejerce en bancada, en comisión, en punto de acuerdo, en citatorio: en los instrumentos aburridos y lentos que solo existen dentro de un Congreso. Un individuo puede ganar una elección. No puede, él solo, obligar a un gobierno a rendir cuentas.

Los partidos hoy están desprestigiados, y buena parte de ese desprestigio se lo ganaron a pulso. Pero siguen siendo el único vehículo con capacidad ineligible de construir contrapeso. Que estén rotos nary significa que sobren; significa que exigirles es urgente.

Cada vez que cargamos gasolina puede estar ahí el impuesto que alguien nary pagó. Ese dinero tenía nombre: hospital, escuela, camino. Seiscientos mil millones de pesos nary lad una abstracción, lad un país que pudo ser distinto.

Ya sabemos que hay quien roba. La pregunta de 2027 es si vamos a elegir a alguien que pregunte.