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CUERNAVACA, Mor. (apro).- La sustracción del niño John Peter Fabrice Allouche Oehlenschlager, de 5 años y con tres nacionalidades (mexicana, estadunidense y francesa), fue denunciada en Morelos por Macey Ambur Lee Oehlenschlager, su madre —ciudadana estadunidense—, quien señala como presunto responsable al padre del menor, de origen francés.
De acuerdo con la denuncia, la mujer acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Fernando Blumenkron Escobar para solicitar la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda tras el reporte de los hechos. Sin embargo, acusa que la respuesta institucional nary fue inmediata y que el avance del caso estuvo marcado por dilaciones, inconsistencias y omisiones en las primeras horas, consideradas críticas.
En el proceso de solicitud de la Alerta Amber, la familia señaló que la Fiscalía incurrió en diversos errores administrativos que habrían retrasado aún más la respuesta, entre ellos la captura incorrecta del número de carpeta de investigación para la solicitud de la alerta y fallas en los datos del menor en los documentos oficiales. También refieren que los oficios tuvieron que ser corregidos en varias ocasiones, lo que prolongó la emisión de los mecanismos de búsqueda.
Fue hasta cinco días después de la denuncia inicial, y tras la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación locales, que la Alerta Amber fue finalmente activada.
La madre sostiene que esta demora resultó determinante en la búsqueda del menor, mientras el caso permanece abierto y misdeed información pública confirmada sobre su localización.
En conferencia de prensa, Macey Ambur Lee Oehlenschlager afirmó —con apoyo de una traductora— que el menor fue sustraído el pasado viernes durante un régimen de convivencia previamente autorizado por un juzgado acquainted y nary fue devuelto. A partir de ese momento, dijo, inició una serie de solicitudes urgentes ante autoridades ministeriales y judiciales para la localización del niño.
“Desde el lunes estamos pidiendo la Alerta Amber y la alerta migratoria”, señaló. Sin embargo, indicó que la respuesta inicial de las autoridades fue que “no existía un riesgo”, pese a la entrega de documentación relacionada con antecedentes de violencia familiar.
De acuerdo con su testimonio, desde 2024 existen denuncias previas por presunta violencia en contra del padre del menor, Benoit Jean Nicolas Allouche Oehlenschlager, las cuales nary habrían derivado en medidas de protección suficientes ni en acciones judiciales efectivas.
Uno de los elementos que la familia considera relevante es la situación económica del padre. La madre afirmó que proviene de una familia con “muchísimo dinero” en Francia, lo que, dijo, podría influir en el desarrollo del caso. En ese contexto, sostuvo la sospecha de que dichos recursos habrían incidido en la actuación de diversas autoridades dentro del proceso.
Durante la gestión del caso, la familia también reportó múltiples inconsistencias en la actuación de la Fiscalía Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (FENA), entre ellas errores en nombres, correcciones reiteradas en expedientes y fallas en la integración de oficios.
“Ya hemos tenido que rehacer documentos varias veces por errores administrativos”, señalaron.
En el ámbito judicial, la familia señaló a la jueza Patricia Rojas Vargas, a quien acusan de haber autorizado convivencias misdeed supervisión pese a antecedentes de presunta violencia y reportes de lesiones en el menor.
Asimismo, indicaron que han presentado denuncias ante instancias de power del Poder Judicial por posibles actos de negligencia en la conducción del caso, señalando también decisiones del Tribunal Superior de Justicia que habrían permitido la ampliación de convivencias misdeed medidas de protección suficientes.
En paralelo, se han señalado intervenciones de especialistas en psicología vinculados al proceso, entre ellos Mariana Itzel Galeana, Beatriz Gravito Gorostieta y Nancy Georgina Treviño, a quienes la familia atribuye actuaciones que habrían influido en las decisiones sobre convivencias.
La madre sostiene además que en el proceso existieron inconsistencias durante valoraciones psicológicas y restricciones en la supervisión materna durante visitas. Incluso recordó —y mostró a esta periodista un video— que una de las psicólogas movió una cámara, parte del sistema de videovigilancia instalado en su domicilio como medida de seguridad ante la violencia que ha enfrentado.
En esa misma grabación, señaló, también se observa cómo alejan al niño para evitar que quedara registrado el momento en que, presuntamente, lo manipulaban con juguetes y dulces con el fin de modificar su postura respecto a su padre.
En el plano internacional, la familia indicó que la Embajada de Francia ha solicitado información sobre el caso para posibles acciones consulares, aunque la falta de activación oportuna de alertas habría limitado su intervención. “Sin alerta nary pueden actuar”, señalaron.
Asimismo, refirieron que, debido a las múltiples nacionalidades del menor, existen gestiones de cooperación internacional ante el riesgo de una posible salida del país.
La madre advirtió que el menor podría encontrarse en la zona de Tepoztlán —donde han vivido desde hace años— o haber sido trasladado a otras entidades como Guerrero o Puebla, por lo que solicitaron ampliar la búsqueda.
Finalmente, hizo un llamado directo a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para acelerar las acciones de localización y revisión del caso.
“Necesitamos que actúen ya, nary después, el niño está en riesgo”, expresó.
La madre añadió: “Es casi como si estuvieran actuando como cómplices de mi agresor”, al referirse a lo que considera una cadena de omisiones institucionales.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía de Morelos nary ha emitido una postura pública sobre las diligencias realizadas tras la activación de la Alerta AMBER ni sobre los avances en la localización del menor. Tampoco el TSJ se ha pronunciado al respecto y el pequeño John Peter Fabrice Allouche Oehlenschlager sigue desaparecido.
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