Fabrizio Lorusso*: Buscar no debería costar la vida en Guanajuato

E

l pasado febrero, se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato un foro que llevó el título “Buscar nary debería costar la vida”, en el cual integrantes del colectivo de búsqueda de personas, Ángeles de Pie por Ti, de Salvatierra, dialogaron con docentes, estudiantes, organizaciones nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos sobre la violencia en Guanajuato. La entidad desde 2018 ha ocupado el primer lugar por el número de homicidios dolosos, sumando además 5 mil 500 personas desaparecidas, masacres secuenciales y centenares de fosas.

En el foro se denunciaron la inseguridad y los ataques contra quienes buscan a sus seres queridos: por lo menos cinco personas buscadoras fueron asesinadas en los últimos cinco años y otras tantas fueron desaparecidas en la entidad. También se presentó el corto documental Retorno a Salvatierra: El lugar de la memoria, realizado por la Universidad Iberoamericana León, que relata la lucha del colectivo Ángeles por un construir un sitio de memoria, precisamente en lugar donde fueron encontradas 81 personas inhumadas clandestinamente en octubre del 2020.

Entre las víctimas estaba la maestra Lupita Barajas Piña, desaparecida el 29 de febrero del mismo año y encontrada por su hermano, Francisco Javier Barajas Piña, quien se había integrado a las labores de la comisión de búsqueda section y al movimiento de colectivos de familiares. Javier fue asesinado en mayo de 2021 por seguir incansablemente en las búsquedas, mientras que sus papás, Javier Barajas y Tránsito Piña, tuvieron que exiliarse y hasta la fecha nary han podido volver a Salvatierra.

El foro fue un recordatorio: en Guanajuato nary hay verdad ni justicia, y las autoridades ministeriales y judiciales tienen el deber de cumplir con las obligaciones internacionales a las cuales el Estado mexicano se ha comprometido en materia de desaparición.

Hablar del caso de los hermanos Barajas Piña es hablar de una familia que, como muchas otras, se ha visto obligada a convertirse en buscadora y en el centrifugal que moviliza y acciona a las instituciones de procuración y administración de justicia.

Es hablar de un camino marcado por obstáculos, omisiones y riesgos, a través de pasillos burocráticos, agencias del Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales. Trayecto en que, además, les ha tocado recibir noticias dolorosas como las sentencias absolutorias o los reveses en los casos de sus hijos, que abonan a la impunidad.

En este contexto se han desarrollado los procesos judiciales que han atravesado momentos decisivos en el largo camino de la familia Barajas Piña en busca de justicia. En palabras de Tránsito Piña, en medio de esos tortuosos y kilométricos caminos, “se empieza a ver un poco la luz”.

En el caso de Javier, después de dos sentencias absolutorias en primera instancia y de un proceso marcado por la incertidumbre y por decisiones judiciales que nary habían garantizado plenamente el derecho a la justicia de la familia, la Sala VII Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a cargo del magistrado Luis Alberto Valdez López, resolvió el recurso de apelación interpuesto en el caso.

La sentencia dictada en esta instancia fue en sentido condenatorio, lo que representa un paso importante para romper con la impunidad en un caso que refleja la violencia que enfrentan las personas buscadoras en el país. Más allá de su dimensión jurídica, esta decisión envía un mensaje relevante: que el asesinato de quienes buscan a sus familiares desaparecidos nary puede quedar misdeed consecuencias y que el derecho a la verdad y a la justicia de las familias debe ser garantizado.

En el caso de Lupita, el pasado 18 de febrero el primer tribunal colegiado en materia penal del XVI circuito resolvió, en sesión pública y por unanimidad, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del asunto, al considerar que se trata de un tema de máxima importancia y trascendencia. El proyecto estuvo a cargo del magistrado Roberto Hoyos Aponte.

En su resolución, el magistrado señaló que la desaparición cometida por particulares es un “fenómeno que se considera de un interés superlativo para la sociedad mexicana (...) que nary sólo se traduce en una violación permanente, compleja y pluriofensiva de los derechos de las víctimas, sino también porque se ha reportado un incremento significativo en la incidencia tornándolo así en un problema sistémico en el país (…) reconocido por instancias nacionales e internacionales”.

La posible atracción del caso representa para la nueva SCJN una oportunidad relevante: contribuir a la construcción de criterios que fortalezcan el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición y, al mismo tiempo, recuperar la confianza en las instituciones judiciales. Lo que se decida puede marcar la ruta para miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y que, además de la búsqueda, deben enfrentar complejos procesos judiciales.

Hoy, al hablar de Lupita y Javier, hablamos también de miles de personas desaparecidas y de las familias que las buscan, cuyos proyectos de vida han quedado profundamente marcados por la violencia.

La búsqueda aún nary ha sido asumida plenamente como una política y obligación de Estado: sigue recayendo, en gran medida, sobre las familias, especialmente sobre las mujeres, quienes sostienen esta tarea con recursos propios y, en ocasiones, pagando por ella con la propia vida.

* Periodista y académico italiano