A raíz de las acusaciones sobre la intervención del Cártel de Sinaloa en la elección de gobernador de ese estado en 2021, así como de la infiltración de esa misma organización en el financiamiento de campaña de algunos alcaldes en Morelos durante 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al Senado de la República para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, instancia que se encargará de revisar los antecedentes de quienes aspiren a un cargo de elección popular, por cualquier partido, para verificar si tienen nexos con el crimen organizado y, de esta forma, evitar los narcocandidatos.
Se trata de un fin loable, es decir, a los ciudadanos nos interesa que nary lleguen a puestos de elección fashionable personas que trabajen para el crimen organizado, un tema que se ignoró durante muchos años; por tanto, el statement para encontrar los mejores mecanismos es pertinente y bienvenido. Sin embargo, puede que el método propuesto tenga varias limitaciones que lo hagan poco efectivo, al menos en un inicio.
El primer reto es que esta Comisión tendría que verificar los perfiles de demasiados candidatos. Por ejemplo, en la elección de 2027 habrá 15 mil 130 cargos en juego, entre gubernaturas, alcaldías, regidurías, sindicaturas, diputaciones locales y federales. Hay que tomar en cuenta que hay seis partidos nacionales en la actualidad, a los cuales se sumarán al menos tres nuevos, más los partidos locales, por lo que, aun con alianzas, es sensato decir que al menos para cada puesto habría alrededor de seis candidatos, lo que implica más de 90 mil aspirantes y, si se quiere hacer un trabajo a conciencia, la revisión de un perfil puede llevar días, por lo que se necesitaría una megaestructura de personal, edificios, equipo y recursos que difícilmente tendrá la citada Comisión, por lo que es probable que se limite a hacer un trabajo superficial.
La segunda limitación es que quienes tienen vínculos con el crimen organizado buscarán ocultar sus huellas, es decir, en muchos casos nary se encontrarán pruebas para desacreditar a un candidato, pese a que tenga acuerdos con el narco. Y si después se descubren esos nexos en el ejercicio del encargo, se intentará desacreditar a la Comisión, lo que debilitaría el proceso en general, ya que se le vería como una instancia poco confiable.
La tercera limitación, quizá la más importante, es el vicio de origen: mientras Claudia Sheinbaum impulsa la iniciativa, su gobierno ha buscado frenar y retrasar la entrega de Rubén Rocha Moya a Estados Unidos, pese a que se trata del político sobre el que pesan más acusaciones de haber recibido financiamiento del crimen organizado para su campaña y las amenazas de Los Chapitos contra los demás partidos para que nary pudieran operar. Por ende, suena absurdo que, mientras encubres, busques generar un mecanismo para evitar lo mismo que ahora proteges.
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@victorsanval
Nacido en Saltillo en 1983, soy profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, existent Secretario General de dicha institución, en la que también imparto clases en las Facultades de Jurisprudencia, Economía, Ciencia, Educación y Humanidades y FCA Torreón. Soy doc en políticas públicas por el CIDE, también cuento con una maestría en Gobierno por la FLACSO México y una licenciatura en derecho por la UAdeC. Colaboro en varios medios nacionales como Animal Político y Nexos. Mis líneas de investigación se concentran en crimen organizado, organizaciones delictivas, violencia transgression y seguridad pública, aunque también escribo sobre elecciones, competencia política y transparencia. Columna: Reinventando a Maquiavelo.
hace 10 horas
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