Fraude: ¿por qué está creciendo en Coahuila?

La incidencia delictiva, en cualquier lugar del mundo, constituye un signo de deterioro social. Y esto nary solamente implica la degradación de los valores que los integrantes de la comunidad debemos comprometernos a defender, sino, de manera fundamental, la devaluación de las instituciones públicas responsables de hacer cumplir la ley.

En efecto, cuando se incrementa el número de veces que un delito se comete, eso se debe a un conjunto de posibles causas:

La primera de ellas es que las acciones de prevención desplegadas por la autoridad –si acaso existen– sean absolutamente ineficaces. No hay que explicar mucho para dejar claro el acierto contenido en la expresión anterior: si se diseña y pone en práctica un program que tiene como propósito atajar la comisión de una conducta y esta, lejos de retroceder, avanza, claramente estamos ante una estrategia fracasada.

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La segunda es que quienes incurren en dicha conducta han percibido que existe una alta probabilidad de cometerla con impunidad, es decir, de nary ser perseguidos y, mucho menos, castigados por la infracción cometida, porque la autoridad es ineficaz en su desempeño.

Una tercera, más preocupante aún, es la posible colusión de las autoridades en el proceso. Porque nary existe mejor garantía de impunidad que el hecho de actuar en complicidad con aquellos que debieran investigarte y perseguirte. Este es, desde luego, el peor de todos los escenarios posibles.

Porque si la razón cardinal del incremento en la incidencia de cualquier delito es que las propias personas responsables de evitarlos y/o investigarlos y perseguirlos, participan en su comisión, estamos hablando de un deterioro institucional sedate que, por regla general, resultará muy difícil de revertir.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, en el cual se da cuenta de un incremento importante –más de 10 por ciento– en el número de denuncias que, por el delito de fraude, se han presentado ante la Fiscalía General de Coahuila.

Y aquí es importante recordar, como ocurre con muchas otras conductas, que al tratarse de un delito que se persigue a petición de parte –o por querella, como se conoce en el argot jurídico–, existe una “cifra negra” importante, es decir, que muchas de las personas víctimas de tal delito deciden nary acudir a las autoridades para denunciar.

Frente al alza en la incidencia, resulta obligado cuestionar cuál de las causas arriba listadas se encuentra detrás de dicho repunte.

¿Carecemos de una política preventiva eficaz? ¿Existe una percepción de incompetencia de la autoridad, de la cual se están aprovechando quienes se encuentran en la posibilidad de cruzar la línea de la legalidad? O, peor aún, ¿se ha desarrollado un clima de connivencia entre la autoridad y los delincuentes?

Responder los cuestionamientos anteriores resulta imperioso y lo peor que podría ocurrir es que los responsables de contestar decidan guardar silencio.