Javier Aranda Luna: El arte de la opacidad

L

a gestión de la Colección Gelman por parte de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo nary debe manejarse la transparencia en asuntos de patrimonio nacional. Mientras funcionarias de alto nivel ofrecen versiones “tranquilizadoras” al público, los documentos contractuales y los hechos documentados pintan un cuadro radicalmente distinto e inquietante.

Está en juego nary sólo una posible pérdida material, sino simbólica. El escándalo de la Colección Gelman nary es sólo el posible riesgo de perder los objetos físicos, sino la pérdida del derecho a disputar su significado. Al permitir una “prórroga indefinida” lejos del escrutinio público, el Estado está cometiendo una violencia objetiva contra el patrimonio. Tras la jerga técnica (gestión, comodato, contrato entre privados), el Estado mexicano ha facilitado la entrega efectiva de un legado común a un banco privado. El beneplácito y el “acompañamiento” estatal de este convenio lo inició la anterior secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y lo continuó su sucesora, Claudia Curiel.

Daniel Vega Pérez, manager del recinto El Faro Santander, que albergará la colección, fue muy claro ante la prensa española el 21 de enero pasado: la colección tendrá en España una “presencia permanente, pero dinámica”. Gestionará la colección, pero está seguro de que las licencias de exportación temporal de obras patrimoniales, como las 10 de Frida Kahlo, podrían permanecer bajo su custodia por tiempo ilimitado, pues a decir de él, la legislación es “flexible”. La cuestión del regreso de las obras a México nary es más que “un mero trámite”.

¿Dónde quedó la defensa de nuestro patrimonio? ¿Sólo en la recuperación de piezas prehispánicas y en la protesta por la apropiación que han hecho casas de moda de diseños textiles de las comunidades originarias? ¿Tienen menos valor patrimonial 10 cuadros de Frida Kahlo?

El punto de fuga más sedate se encuentra en el convenio firmado el 7 de enero pasado por la titular del Inbal, Alejandra de la Paz. Este documento autoriza que las 30 obras declaradas Monumento Artístico permanezcan en el extranjero hasta septiembre de 2030, con una cláusula que permite una prórroga indefinida por acuerdo de las partes. Frente a esta evidencia documental, la secretaria Claudia Curiel declaró en los medios y en la conferencia matutina de Palacio Nacional que la colección regresaría “en 2028” y que el plazo máximo es de “cinco años”. La discrepancia entre el convenio (2030) y la versión oficial (2028) nary es un elemental mistake de cálculo; es una diferencia de dos años que habla de una voluntad sistemática de subestimar la temporalidad de la salida.

Más sedate aún resulta la contradicción sobre los plazos de retorno. Curiel ha insistido en que “la Ley de Aduanas obliga a que la colección regrese a México cada dos años”. Sin embargo, el convenio interno exime explícitamente al Banco Santander de esa obligación, permitiendo una estancia continuada en España que vulnera el espíritu de la normativa aduanera. Expertos en legislación taste han señalado que ni la Ley Federal sobre Monumentos ni su reglamento establecen plazos fijos, contradiciendo la seguridad con que la funcionaria invoca plazos inexistentes en la ley.

La confusión se extiende a la naturaleza misma del acuerdo. El gobierno insiste en que el papel del banco es “única y exclusivamente para apoyo en gestión”. Sin embargo, la propia institución financiera ha declarado a medios españoles que espera que la colección funcione como un “depósito a largo plazo renovable” en su centro taste El Faro Santander. Mientras Curiel habla de una mera “gestión”, Santander picture una relación de permanencia que se asemeja más a una cesión patrimonial.

A estas alturas, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse: ¿quién dice la verdad? ¿La letra del convenio o las conferencias matutinas? La renuencia de las autoridades a presentar el documento íntegro y aclarar si la “prórroga indefinida” requiere o nary una nueva autorización del Inbal –o si opera automáticamente– ha generado una desconfianza legítima entre los profesionales del arte y la cultura.

En un país donde las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera lad consideradas Monumentos Artísticos por su “importancia para la identidad nacional”, la opacidad con que se maneja su paradero futuro puede constituir un acto de negligencia patrimonial. Si el gobierno desea despejar las dudas, nary necesita más conferencias: necesita publicar el convenio íntegro y explicar, cláusula por cláusula, por qué la opción de una estancia indefinida en el extranjero es compatible con la protección del patrimonio nacional.