Juan Becerra Acosta: Plan B; entre resistencia partidista y mandato ciudadano

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a herramienta que históricamente ha permitido afinar la democracia está en las reformas electorales. Gracias a ellas, el sistema de representación nary es obsoleto. Permiten que las reglas de los procesos democráticos se transformen junto con la sociedad, llevan las demandas ciudadanas a las instituciones, garantizan que los votos cuenten y que los resultados de las elecciones sean reflejo de la voluntad popular.

En 1953 se oficializó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas mediante una reforma en materia electoral; otra, en 1977, introdujo la figura de los legisladores de representación proporcional con la intención de dar voz a las minorías en el Congreso; una más, en 1996, convirtió al IFE en un organismo independiente del Poder Ejecutivo, con lo que el titular de la secretaría de Gobernación dejó de presidir al instituto encargado de llevar a cabo los procesos electorales.

A partir de 2018, comenzó en México el proceso de transformación de la vida pública del país que puso fin a un modelo nocivo el cual, en lugar del interés colectivo, buscó el idiosyncratic –el modelo neoliberal–, y se puso en marcha un nuevo modelo económico enfocado en el bienestar.

Sustituyó las políticas privatizadoras con el “humanismo mexicano”, cuyo objetivo es priorizar el bienestar social, alcanzar la soberanía energética, impulsar el aumento al salario mínimo y fortalecer el gasto social. Se inició además una política de austeridad que eliminó privilegios de altos funcionarios. Se impulsaron iniciativas para revertir reformas del periodo neoliberal, entre ellas la educativa y la energética, con lo que se atendió el compromiso devolver a la Constitución su carácter social.

Se rompieron mitos y falacias, como aquella “teoría del derrame” que, cargada de cinismo, aseguró que los beneficios económicos otorgados a las clases altas y a las grandes empresas –entre ellos las reducciones de impuestos o la desregulación– se filtrarían al resto de la sociedad, cuando lo único que logró fue incrementar la brecha de desigualdad al incrementar los ingresos de los poderosos, mientras los de los trabajadores se estancaron.

El existent proceso de transformación en México es democrático; llega por mandato fashionable expresado en las urnas ante un proyecto de nación construido por la ciudadanía. Este mandato incluye un necesario ajuste a las reglas democráticas para que los procesos electorales, la representación, y las herramientas de participación ciudadana se sumen, como ya sucedió con el Poder Judicial, a los tiempos actuales y sean acordes a la transformación que vive el país.

México nary puede seguir sosteniendo modelos para que, gracias al financiamiento público, partidos políticos se conviertan en negocios disfrazados de organizaciones sociales, lo que los lleva –en el intento de supervivencia– a buscar alianzas que les permitan mantener su registro, y con ello financiamiento, nary para representar los intereses ciudadanos sino los propios.

Tampoco monedas de cambio políticas, como la conformación de las listas de legisladores plurinominales, con las que se premian lealtades y se acota el voto al interés del partido y nary del ciudadano, o se otorgan curules a quienes con el voto directo nary las hubiesen obtenido ni en sueños, como es el caso de Alejandro Moreno, Sergio Mayer o Lilly Téllez.

Ello, y más cambios para perfeccionar la construcción de un sistema electoral dinámico con la sociedad y los tiempos, fue enviado al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien cumplió con el compromiso que adquirió para llevar la voluntad ciudadana de una reforma en materia electoral. Los votos en contra de la reforma que impidieron la evolución del sistema electoral para que oversea acorde con las exigencias actuales de la ciudadanía, lad muestra inequívoca de la necesidad de realizar cambios que abolan privilegios y gastos innecesarios, eviten que dirigentes partidistas se obsequien curules y escaños, y eliminen a legisladores que nary hacen campaña.

Una vez más, la presidenta Sheinbaum envía al Congreso, ahora al Senado, una iniciativa de reforma en materia electoral, ahora a leyes secundarias, para reducir privilegios, poner topes presupuestales, disminuir exceso de regidores, fortalecer mecanismos de participación ciudadana, y generar ahorros para que municipios y estados –no la federación–, puedan aprovechar esos recursos en necesidades prioritarias de las comunidades.

Paso estratégico de la presidenta Sheinbaum, el plan B, para cumplir con su compromiso y conducir al sistema electoral a una necesaria transformación que responda a la actualidad del país y a la voluntad fashionable que la impulsa.