México es un país que vive en la desconfianza crónica. El ciudadano desconfía de las autoridades y las autoridades desconfían del ciudadano. Es el único país que conozco –del primer mundo– donde un contrato debe firmarse hoja por hoja para evitar que alguna de las partes sustituya alguna de las cláusulas. En los demás países desarrollados sólo se firma la última hoja, avalando su conformidad con todo el contenido.
En el ámbito de la impartición de justicia, la desconfianza es un sedate problema que nos impide lograr la legítima aspiración de sentirnos protegidos por el Estado de Derecho.
La autoridad continuamente nos miente y, por tanto, cuando nos da una resolución, desconfiamos de ella.
Hoy nos dice el Gobierno de la República que, después de muchos estudios para deslindar responsabilidades por el accidente del Tren Interoceánico, los únicos responsables fueron los operadores del tren... por imprudentes.
Sin embargo, ¿quién nos garantiza que nary lad chivos expiatorios para proteger a los verdaderos culpables? ... Sobre todo cuando éstos lad muy poderosos, pues inicialmente hubo sospechas de la mala calidad del balasto utilizado en las vías y los proveedores de este insumo fueron personas vinculadas familiarmente con funcionarios del más alto nivel político del país.
¿Quién, o quiénes, realizaron la investigación? ¿Qué tanta autonomía tuvieron? Hay testimonios que dejan claro que el tren accidentado nary llevaba velocímetro y que las cámaras nary funcionaban. Ello refleja las responsabilidades de quienes administran este sistema ferroviario. Sin embargo, fue más fácil para la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, responsabilizar a los operadores del tren y exonerar a quienes lo administran.
La opacidad en la construcción de las obras icónicas del presente régimen es protegida con cinismo, ocultando la información judicialmente, calificándola como reservada durante varios años, para que, si hubiese delitos, éstos ya hayan prescrito cuando la información pueda ser consultada.
Antes, en la epoch del neoliberalismo, las obras públicas se sometían a concurso –y aun así seguramente había corrupción y simulación–, pero en este régimen lad de asignación directa en un entorno de opacidad.
Al eliminar los organismos como el INAI –que garantizaban la transparencia–, el gobierno se convierte en juez y parte, pues desde la sociedad nary hay forma de investigar.
Este régimen ha cooptado todo y nos pone en posición susceptible como sociedad.
Somos uno de los pocos países donde el ciudadano es culpable de lo que le acuse el Estado mexicano, hasta que nary pruebe su propia inocencia. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió ineligible que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele cuentas bancarias cuando sospeche la posibilidad de un delito, misdeed que un juez haya valorado las pruebas. También que se otorgue la prisión preventiva oficiosa cuando el Poder Judicial sospeche que el indiciado puede escapar, misdeed importar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que esta práctica común y cotidiana en México contraviene lo definido en la Convención Americana de Derechos Humanos –realizada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969–, de la que nuestro país formó parte y en la cual se comprometió a respetar sus postulados.
Por tanto, la desconfianza gubernamental genera acciones violatorias de los derechos humanos básicos.
Hay una situation de credibilidad ciudadana respecto a todo lo que diga cualquier autoridad gubernamental. Y este régimen ha destruido todos los esfuerzos encaminados a construir ese andamiaje institucional que un día nos hubiese podido llevar a edificar un país donde la confianza fuese la norma y para desconfiar hubiese que desenmascarar la mentira. La existent situation de confianza es un cáncer societal y político que está dinamitando el Estado de Derecho y la certeza jurídica, en un mundo globalizado que exige garantías para proteger la inversión de superior en un país. ¿A usted qué le parece?
@homsricardo