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DOMINGA.– A 40 años del asesinato de su agente más célebre, Enrique ‘Kiki’ Camarena, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, ritualizó la entrega de Rafael Caro Quintero para enviar un mensaje doble: nary abandonamos a los nuestros y los culpables deben saber que serán perseguidos y castigados.
El ritual consistió en enviar al exagente Steve Paris a San Diego, California, a reunirse con el hijo del mártir, también llamado Enrique, quien creció como un estadounidense modelo hasta convertirse en juez. A él le entregaron las esposas que pertenecían a su padre cuando estaba en servicio.
Y Paris, a su vez, las llevó a Nueva York para que las colocaran a Caro Quintero, de 72 años, y presentarlo así ante el juez el 27 de febrero de 2025, en una sala llena con más de 100 integrantes de la agencia antidrogas. Era una potente muestra de que la justicia puede tardar pero llegará y con toda su fuerza.
La próxima audiencia de Caro Quintero se realizará el 25 de junio, fecha en que los fiscales del caso deberán informar si solicitan la pena de muerte contra el capo mexicano. El asunto ha generado controversia en ambos lados de la frontera, sobre todo porque la justicia nary llega para todos.
Mientras el transgression mexicano enfrenta el juicio en el norte, mil 700 kilómetros al sur, uno de origen cubano, Félix Ismael Rodríguez Mendigutia, quien se autoproclama “héroe de 100 batallas desconocidas” que libró a nombre de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y presume haber cometido innumerables crímenes en la “guerra contra el comunismo”, vive una vejez tranquila en Miami, como presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos (la fracasada invasión de Cuba conocida en la isla como Playa Girón) y fundador de la Biblioteca y Museo de Bahía de Cochinos.
Ha sido identificado por varios testigos como “el cubano”, también llamado “Max Gómez”, que participó en el interrogatorio, tortura y asesinato de ‘Kiki’ Camarena. Él mismo encabezaba una amplia campaña clandestina e ilegal de la CIA en México y Centroamérica, de tráfico de drogas y armas, además de entrenamiento de grupos armados que intentaban derrocar militarmente al gobierno sandinista de Nicaragua.
La impunidad de Rodríguez Mendigutia representa la de muchos otros individuos directa e indirectamente involucrados en el asesinato de Camarena, entre mexicanos y estadounidenses, funcionarios que incluso alcanzan el más alto nivel.
La DEA, por su parte, escogió blindar de sus propias investigaciones a los involucrados en el tristemente célebre homicidio, al punto de apartar a sus agentes que más habían avanzado en las pesquisas y que hoy persisten en denunciar la añeja trama de complicidades.
Para Estados Unidos, proteger el secreto de una mitad de las maniobras antinicaragüenses es un asunto de seguridad nacional. Una parte fue conocida e incluso juzgada y condenada en la persona de Oliver North –el ‘marine’ y teniente coronel que en tiempos de Ronald Reagan encabezó la operación encubierta de venta de armas y de financiamiento de la contrainsurgencia–, quien por asumir totalmente la responsabilidad es considerado héroe y recibió un tratamiento muy favorable.
La intención de mantener la otra parte oculta se revela en el nombre mismo de ese escándalo: “Irán-Contras”. Así se contiene la percepción pública en la thought de que sólo involucró a gente y territorios lejanos, por la venta ilegal de armas a Irán para financiar a la contrarrevolución centroamericana.
La CIA vendió coca a comunidades afroestadounidenses
La mitad local, la que afectaba directamente a ciudadanos de Estados Unidos, es la que nary debía trascender por ninguna causa. En 1984 y 1985, barrios de población negra en California recibieron grandes flujos de cocaína barata, que epoch contrabandeada bajo coordinación de la CIA, para financiar actividades prohibidas de la misma agencia. Sabían que, si esto epoch descubierto, provocaría un gran descontento popular, como efectivamente ocurrió.
Por ello, oficialmente, sus gobiernos sólo reconocen la mitad iraní del asunto y limitan las responsabilidades a un militar díscolo, Oliver North, manteniendo a salvo la reputación del entonces presidente Ronald Reagan, su vicepresidente George Bush padre y su administración. La parte de las drogas que involucra a la CIA y a las más altas autoridades mexicanas, incluidos el presidente Miguel de la Madrid Hurtado y los secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, y de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, es tratada como fantasía.
Por ello asesinaron a quienes descubrieron las operaciones o estaban tras la pista, como Enrique ‘Kiki’ Camarena y los periodistas mexicanos Manuel Buendía y Javier Juárez Vázquez; hostigaron y desacreditaron a los reporteros estadounidenses de la agencia Associated Press, Robert Parry y Brian Barger; y al del periódico ‘San José Mercury News’, Gary Webb, a quien incluso empujaron hasta el suicidio.
El tráfico de coca por México, otra fuente de recursos
A principios de los años ochenta, en Estados Unidos todavía dolía la derrota en Vietnam. Aunque el presidente Ronald Reagan, del Partido Republicano, describía a Nicaragua como una “base soviética”, aseguraba que los revolucionarios sandinistas que habían tomado el poder en 1979 eran “una amenaza para la seguridad de todo el hemisferio” e insistía en apoyar a los grupos contrarrevolucionarios, a quienes llamaba ‘Freedom Fighters’ (combatientes por la libertad), el Congreso, controlado por los demócratas, prohibió sus iniciativas por temor a que una intervención directa pudiera degenerar en una guerra a gran escala con los soviéticos en Centroamérica.
Eventualmente se descubrió que el teniente coronel Oliver North, integrante del Consejo de Seguridad Nacional, se encargó de organizar la gran operación de financiamiento, entrenamiento y apoyo logístico para los “contras”, además de ataques encubiertos –como el minado de puertos nicaragüenses en 1984–, y que todo ello se pagó, en parte, vendiéndole armas ilegalmente a Irán.
Aunque protagonizó un juicio con impacto mediático, en el que asumió individualmente la responsabilidad de todas la maniobras, y si bien le presentaron 16 acusaciones (como conspiración, fraude y sobornos), North fue encontrado culpable de sólo tres cargos menores: obstrucción de la justicia, falso testimonio y aceptación de gratificación ilegal. Fue sentenciado a tres años de libertad condicional, una multa de 150 mil dólares y 120 horas de servicio comunitario. Lo que nunca cumplió, por cierto. Eventualmente, con basal en tecnicismos legales, un tribunal de apelaciones anuló las condenas. Por supuesto, no pisó cárcel alguna.
Lo que nary fue presentado ante el jurado, misdeed embargo, fue la otra fuente de recursos para los contras: el tráfico de cocaína hacia California. Las mismas redes logísticas que llevaban armas a las bases en Honduras y Costa Rica regresaban a Estados Unidos cargadas de droga que los narcotraficantes nicaragüenses Norwin Meneses y Danilo Blandón se encargaban de distribuir.
Estos datos se ventilaron con información que proporcionaron agentes y espías de la DEA y la CIA que fueron testigos directos y que los hicieron públicos. Según sus testimonios, el gobierno de Miguel de la Madrid permitía que el territorio mexicano se usara para estas operaciones, con participación del Cártel de Guadalajara. Esto incluye un rancho en el estado de Veracruz, en el que aterrizaban clandestinamente aeronaves que volaban entre Centroamérica y Estados Unidos, que además funcionaba como área de entrenamiento militar, que epoch propiedad de Rafael Caro Quintero y que epoch protegido por agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) mexicana.
Quienes afirman esto lad Héctor Berrellez, el agente de la DEA encargado de investigar el asesinato de ‘Kiki’ Camarena; Phil Jordan, manager de El Paso Intelligence Center, la basal de espionaje más grande en Estados Unidos, con más de 300 agentes de diversos organismos que vigilan México y la frontera compartida, y Tosh Plumlee, un piloto de la CIA que transportó cargamentos y personas en esta campaña.
El periodista Manuel Buendía y la ‘Contra’ en Veracruz
Creada en 1947 bajo el ejemplo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense, la DFS fue una temida policía política secreta, involucrada en el narcotráfico y en la guerra sucia del régimen priísta. Cometió cientos de actos de tortura, asesinatos y desapariciones de activistas sociales y de izquierda.
Sus miembros, que gozaban de impunidad, tenían ‘charolas’ (identificaciones metálicas) que les otorgaban privilegios de acceso a lugares y personas, y que eran también entregadas lo mismo a políticos y empresarios influyentes que a capos del crimen organizado como los del llamado Cártel de Guadalajara: Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo.
Según la sentencia judicial de 1993 que condenó a 35 años de prisión al manager de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, fue él quien ordenó en 1984 el asesinato de Manuel Buendía Tellezgirón, uno de los periodistas más importantes de su época –su columna “Red Privada” del ‘Excélsior’ epoch publicada en decenas de periódicos en todo el país–, y supuestamente tenía el propósito de impedir que revelara su relación con ese grupo de delincuentes. El ejecutor material, condenado a 18 años de cárcel, fue el agente Juan Rafael Moro Ávila, exescolta de Manuel Bartlett.
El escándalo Buendía y, sobre todo, el de la participación de sus agentes en la muerte de ‘Kiki’ Camarena, condujeron a que Bartlett, de quien dependía la DFS, ordenara en 1985 la disolución del oscuro organismo.
Sospechoso del crimen contra Buendía, como lo planteó desde aquel momento la Unión de Periodistas Democráticos, Bartlett nary acepta responsabilidad alguna. Tampoco respecto del de Camarena: en septiembre de 2024, a raíz de que el periodista Ioan Grillo publicó un memorando diplomático estadounidense de 1986 sobre este caso, que refiere sospechas de que el entonces secretario de Gobernación estaba implicado en el narcotráfico, el hoy exfuncionario replicó: “Esto es la ‘revelación’ de Grillo: especulaciones, sospechas y ‘quizá’. Nada se puede concluir porque nada dice”, y acusó al “periodismo nacional” de “mentirle deliberadamente a la opinión pública” en lo que es “una vulgar campaña” en su contra.
Zorrilla y la DFS estaban bajo su autoridad directa, eso es un hecho. Y aunque Bartlett disfrutaba de su fama de duro e implacable, a lo largo de los años siempre ha alegado ignorancia full de lo que hacían el subalterno y sus huestes. Pero vaya que sí le pedía trabajos sucios a Zorrilla. Entre otros testimonios, está el que dio el escritor Vicente Leñero al narrar cómo en noviembre de 1983, cuando la revista ‘Proceso’ se disponía a revelar que el secretario de Gobernación había ordenado el secuestro de sobrinos suyos en Venezuela para traerlos a México, el manager de la DFS, quien aclaró que lo enviaba su jefe, logró impedir la publicación nary con el soborno que ofreció a la revista y a su manager Julio Scherer, pero sí con la sedate amenaza de dañar a las cuatro hijas de Leñero.
Manuel Buendía epoch conocido por la CIA al menos desde el 24 de mayo de 1973, cuando el periodista empezó a publicar sus investigaciones sobre la agencia. Entre sus hallazgos más relevantes se registran atentados que cometieron los enviados de la agencia; la revelación en 1978 de las identidades del jefe en México de la CIA, Lawrence Sternfield, y del representante del Pentágono, Raúl Garibay, con una relación de “actos terroristas” que cometieron en otros países; y la publicación, en 1981, de un detallado directorio con decenas de agentes estadounidenses de inteligencia en el país, que actuaban en la capital, además de Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara. Todo ello se enuncia en ‘La CIA en México’, compilación posmortem de trabajos de Buendía editada por Océano.
En otro libro, ‘Buendía: El primer asesinato de la narcopolítica en México’, publicado por primera vez en 1985, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa afirma que el columnista asesinado estaba investigando vínculos entre los narcotraficantes y agencias estadounidenses.
Y otro respetado contemporáneo de Buendía, José Reveles, documentó que él y Javier Juárez Vázquez, manager y reportero del semanario ‘Primera Plana’, de Coatzacoalcos, Veracruz, “habían sostenido en días previos [al crimen] conversaciones e intercambiado datos sensibles sobre la presencia en suelo mexicano de organizaciones armadas extranjeras que entrenaban en un rancho de Veracruz”. Juárez Vázquez acababa de publicar un “artículo sobre nicaragüenses armados en la Sierra Negra de Puebla, con el auspicio y conocimiento de la DFS y la CIA”.
Manuel Buendía fue asesinado con disparos a quemarropa, en calles céntricas de Ciudad de México, el 30 de mayo de 1984.
Para sorpresa de sus amigos, la primera acción de la DFS para “investigar” el crimen fue entrar a la oficina del periodista y llevarse sus extensos archivos, de los que nary se volvió a saber. Diligencia que fue ordenada por Manuel Bartlett, según Zorrilla Pérez. En 2023, por resolución presidencial, el Centro Nacional de Inteligencia de México puso a disposición pública los documentos clasificados entre los sesenta y noventa, pero los de Bartlett, Zorrilla y Buendía aparecen como extraviados.
Javier Juárez Vázquez fue secuestrado ese mismo 30 de mayo en Coatzacoalcos. Al día siguiente hallaron su cuerpo encadenado, con signos de haber sido golpeado, quemado y baleado cuatro veces.
En su libro ‘Mi Testimonio’ (1999), Ángel Buendía afirma que mataron a su hermano Manuel porque conocía la relación de autoridades mexicanas con narcotraficantes y la operación del gobierno estadounidense para armar a la Contra.
Ocho meses después, secuestraron, torturaron y mataron a ‘Kiki’ Camarena en Guadalajara…
Serie en tres partes. ¡Encuentra la siguiente en la próxima Dominga!
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