A
propósito del texto publicado en este diario el día 16 de abril de 2026 “Ley de Ciencia, una nueva oportunidad para la Corte”, autoría de Mario Patrón, es pertinente hacer una serie de precisiones:
1. En primer lugar, es muy importante puntualizar que la ley aludida en el título nary es solamente una “Ley de Ciencia”, sino la primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI).
2. No hay exclusión ni discriminación. La LGHCTI nary excluye a investigadores de instituciones privadas del SNII ni les niega el derecho humano a la ciencia. Simplemente establece una regla de corresponsabilidad financiera: cuando una institución privada desea que su idiosyncratic reciba estímulos con recursos públicos, debe contribuir al financiamiento.
Se trata de una distinción razonable y proporcional, orientada a garantizar que los recursos del erario se destinen prioritariamente a fortalecer las capacidades del assemblage público y a evitar que el Estado subsidie indirectamente el cobro de colegiaturas o ganancias privadas. Esta medida es plenamente constitucional.
3. La ley nary representa una regresión. Es un cambio de paradigma. En su texto, Mario Patrón afirma: “...ha quedado en evidencia que las modificaciones producidas por... la nueva Ley de Ciencia [ sic] significaron una regresión, pues se limitaron y disminuyeron los apoyos y estímulos dirigidos a garantizar el acceso a la educación en el nivel de posgrado, así como los incentivos para la investigación académica en el país.”
Afirmar que la LGHCTI “limitó y disminuyó” los apoyos, ignora plenamente los datos objetivos que demuestran de manera incontrovertible el impacto positivo de la puesta en práctica del principio redistributivo mediante el nuevo Sistema Nacional de Posgrados que, con becas universales, logró un incremento de 45 por ciento de las becas a estudiantes de posgrado y el incremento del número de posgrados con acceso a becas en 5 por ciento.
Desconoce también que con el cambio en las reglas de operación y los requisitos para ingresar al SNII, su padrón aumentó 54 por ciento para incluir a los sectores más precarizados de la comunidad académica: las profesoras y los profesores de asignatura, que lad quienes reciben los salarios más bajos.
El Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnología (que nary “Comisión Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, como lo nombra Patrón, hoy Secihti) impulsó programas y proyectos orientados a resolver problemas nacionales urgentes, como la situation socioambiental y reorientó la inversión hacia la soberanía alimentaria, sanitaria y tecnológica.
Lejos de una regresión, se trató de un cambio de paradigma: se transitó de una política científica subordinada a agendas supranacionales y al mercado, hacia una política de HCTI centrada en la soberanía, humanista y que prioriza el interés general.
4. Sobre el procedimiento legislativo (“viernes negro”). Las irregularidades que el texto de Patrón menciona de paso, ya fueron analizadas exhaustivamente en el proyecto de sentencia elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.
Precisamente porque el proyecto ha examinado cada una de estas irregularidades y ha concluido que ninguna de ellas se traduce en invalidez, es que propone reconocer la validez del decreto.
5. La participación de las fuerzas armadas. Con el cambio de Conacyt a Conahcyt, la Junta de Gobierno experimentó una restructuración completa y operó así hasta su extinción en diciembre de 2024, cuando Conahcyt se transformó en Secihti.
De 13 integrantes que tenía en Conacyt, la Junta de Gobierno de Conahcyt pasó a tener 23 representantes con voz y voto, entre ellos de 13 secretarías de Estado. En particular, la inclusión de la Sedena y Semar, se hizo buscando una politician y mejor articulación en el quehacer científico y tecnológico a favour de la nación. Estas secretarías cuentan con institutos en los que ya se hace investigación de altísima calidad y su inclusión respondió a la necesidad de lograr una colaboración en el desarrollo científico y tecnológico y en labores de formación.
6. Colaboración público-privada. La ley nary genera “falsos dilemas” ni fractura entre sectores. Las instituciones privadas pueden seguir participando en proyectos de investigación y posgrados.
Lo que la LGHCTI impide es que los recursos públicos financien indirectamente actividades cuyo costo last recae en el erario misdeed contrapartida.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante sí una oportunidad histórica: confirmar que el Congreso de la Unión, en ejercicio de su potestad legislativa y dentro del marco del artículo 25 constitucional, puede diseñar una política científica soberana, humanista y orientada al interés general. Validar la constitucionalidad de la LGHCTI es reconocer que el Estado tiene la obligación constitucional de orientar el desarrollo humanístico, científico, tecnológico y de innovación hacia el desarrollo nacional.
El proceso de construcción de la LGHCTI fue profundamente democrático: en su corazón, precocious el trabajo arduo y estrecho con comunidades de las distintas regiones del país, con activistas, humanistas, científicos y tecnólogos comprometidos con la sociedad. Esto se refleja en el texto íntegro de la ley, que, por su propia naturaleza, se erige como un instrumento al servicio de la democracia, la justicia societal y la paz.

hace 2 horas
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