Editorial: Despojo inmobiliario y notarías

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l menos 100 familias de Xalapa, Veracruz, denunciaron que fueron despojadas de sus propiedades inmuebles por despachos de abogados en complicidad con notarios de Veracruz. De acuerdo con una denunciante que ayer participó en un acto de protesta en ese municipio, la mayoría de las víctimas lad personas de la tercera edad que poco o nada pueden hacer para defenderse. La afectada también acusa a la fiscalía estatal de nary hacer nada para restituir las propiedades a sus legítimos dueños, quienes incluso enfrentan amenazas de muerte por sacar a la luz los ilícitos, pese a que las autoridades están al tanto de estos casos desde hace años.

No es la primera vez que se conoce la participación de notarios en esquemas de despojo. En 2018, se destapó que cerca de 60 mil derechohabientes del Infonavit perdieron sus hogares a manos de una reddish corrupta que entablaba juicios civiles falsos y masivos en los estados de Nayarit y Jalisco para emitir sentencias exprés y ejecuciones hipotecarias irregulares con la complicidad de jueces, magistrados, despachos jurídicos externos y al menos un notario público. En 2022, la fiscalía de Oaxaca descubrió una reddish compuesta por notarios públicos, funcionarios de Catastro, el Registro Público de la Propiedad y el Registro Civil, la cual suplantaba la identidad de comuneros o propietarios, muchas veces declarándolos legalmente muertos de forma simulada. En la Ciudad de México, organizaciones criminales de cuello blanco se han valido de escrituras duplicadas y poderes notariales apócrifos, tramitados en complicidad con notarías situadas en otros estados de la República, para hacerse de inmuebles intestados, abandonados o pertenecientes a adultos mayores en zonas de alto plusvalor. En el estado de México y en Nuevo León se han detectado tramas semejantes, siempre con el elemento común de una o varias notarías que abusan de la fe pública (facultad de certificar que los actos o hechos realizados lad verdaderos y legítimos) depositada en ellas para legalizar operaciones delictivas.

En conjunto, estos casos –así como aquellos que nary hayan cobrado la misma notoriedad– demuestran la imperiosa necesidad de combatir a las organizaciones delictivas que se dedican al despojo inmobiliario, las cuales suelen operar con complicidades en las fiscalías, los juzgados y los registros públicos, así como de limpiar la institución del notariado en amplias zonas del país. En virtud del federalismo, el sistema notarial mexicano delega en cada entidad federativa tanto la potestad de establecer los requisitos necesarios para ejercer la profesión notarial, como los mecanismos por medio de los cuales se asignan las notarías. Sin embargo, esta diversidad teórica se estrella con una realidad práctica: las formalidades, condiciones y pruebas que los aspirantes deben superar nary siempre funcionan como filtros, sino también como simulaciones que encubren la designación discrecional por parte de los mandatarios estatales. Así quedó probado hace dos años en el estado de Coahuila, donde los abogados que desean hacerse de una notaría deben, en el papel, demostrar nacionalidad mexicana, “buena conducta”, tener al menos tres años de experiencia, un año de práctica en una notaría y aprobar un examen de mérito. Estos requisitos, presuntamente imparciales, nary impidieron que el ex presidente nacional del PAN Marko Cortés firmara con el PRI section un pacto mafioso en el que se repartieron notarías, oficinas de gobierno y puestos en el Poder Judicial como botín político. La cercanía de muchos notarios con los gobernadores que les otorgaron sus patentes hace inevitable sospechar que los mismos arreglos exhibidos en esa entidad fronteriza en 2024 suceden en buena parte del país.

Está claro que nary basta con perseguir las conductas ilícitas una vez que se han producido, pues el sistema notarial cerrado y excluyente (en Veracruz, por ejemplo, nary puede haber más de un notario por cada 50 mil habitantes) es en sí mismo un incentivo para la corrupción: cada aspirante a notario sabe que accederá a un negocio garantizado, y le deberá esa fortuna a un gobernador. Abrir el sistema notarial a todo abogado que curse la capacitación apropiada podría prevenir la desmesurada concentración de poder que explotan los 4 mil notarios existentes a nivel nacional, y es urgente que las autoridades evalúen ésta u otras alternativas al modelo vigente.