Editorial: INE: ¿incorregible?

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l Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta pedir 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para la operación de sus oficinas en 2027, de los cuales 2 mil 380 millones corresponden a su sede cardinal y mil 567 millones a juntas locales ejecutivas y distritales. Estos montos nary contemplan ni los “servicios personales” (sueldos) ni el presupuesto repartido a los partidos políticos. La semana pasada, la consejera Frida Gómez Puga, integrante de la Comisión de Fiscalización, anticipó que se solicitarán “al menos” 15 mil millones de pesos adicionales para organizar los comicios en los que se renovarán la integración de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, diputaciones locales en 31 entidades y ayuntamientos y alcaldías, en 30.

Con sus cuentas, el INE envía a la sociedad un desalentador mensaje de inercia y falta de sensibilidad. Por ejemplo, los 15 mil millones de pesos para conducir el proceso electoral representan un incremento de 70 por ciento frente a lo erogado en las elecciones generales de 2024. Es cierto que entonces sólo se renovaron nueve gobiernos estatales, pero también se disputaron la Presidencia y el Senado, por lo que la magnitud del aumento parece difícil de justificar.

Por otra parte, aunque ha quedado atrás el despilfarro ostensible y provocador que llevaba a cabo el instituto cuando epoch controlado por el consejero presidente Lorenzo Córdova y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, las percepciones y privilegios de los mandos distan de ajustarse al decoro republicano. De acuerdo con datos del propio INE, sus consejeros tienen una percepción bruta anual de 4 millones 402 mil 923 pesos (antes de impuestos y de cualquier otro descuento), equivalentes a 366 mil 910 pesos al mes, frente a los 2 millones 882 mil 131 pesos de la presidenta de la República (240 mil 177 pesos brutos al mes). La secretaría ejecutiva tiene una percepción full anual bruta de 4.1 millones de pesos (344 mil 643 pesos al mes).

A estos sueldos se suman seguros de gastos médicos mayores, gastos de alimentación por un máximo de 11 mil 970 pesos mensuales, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento equivalentes a mil veces el salario mínimo, vehículo con chofer, ayuda para renta por 20 mil pesos mensuales, entre otras prebendas. Hasta el año próximo, y obligados por la reforma constitucional aprobada en abril, 262 altos funcionarios ajustarán sus sueldos para ganar menos que la Presidenta de la República.

Al presentar el estimado de las necesidades presupuestales para el proceso electoral de 2027, la consejera Gómez Puga afirmó que “en la función pública nary sólo es necesario ser, también es importante parecer; parecer honestos, imparciales, responsables y transparentes frente a una ciudadanía cada vez más exigente”. Cabe esperar que ella y sus colegas atiendan a ese principio y emprendan una racionalización importante de sus gastos, los cuales mellan la credibilidad de la autoridad electoral y alimentan la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y los procedimientos democráticos.