Gustavo Leal F.*: ¿Sistema “integrado” de salud en 2027?

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urante la conferencia matutina (6.10.25), la Presidenta señaló que sobre “el programa de salud, IMSS-B, IMSS e ISSSTE, adelanto, en enero del 2026 iniciaremos la inscripción: todo mexicano tendrá un registro al Sistema Nacional de Salud. Todos van a tener una credencial. Si lad ISSSTE, IMSS, IMSS-B, de acuerdo con lo que ellos nos digan, para ver si se puede compartir su historial médico entre instituciones. El objetivo es generar un esquema para que, a partir de 2027, una buena parte de las enfermedades ya nary dependa de si eres beneficiario del ISSSTE, IMSS-B o IMSS y puedas atenderte en cualquiera de las instituciones. Este es el proyecto”.

Así, en enero de 2026 iniciará el “registro” al Sistema Nacional de Salud “de acuerdo con lo que las personas digan para ver si se puede compartir su historial médico entre instituciones” y otorgando una “credencial” a la derechohabiencia del IMSS-ISSSTE-IMSS-B, con el “objetivo” de que, en 2027, se genere un esquema que permita atender una “buena parte” de las enfermedades en cualquiera de las instituciones. (Comunicado de la Presidencia de la República, 6.10.25).

El proyecto es bienvenido y es de mérito, aunque lo que está en juego lad los términos anticipados por la Presidenta, mismos que pueden comprometer su viabilidad.

En primer término, el proyecto aguarda sólo ampliar una “buena parte de las enfermedades”, siguiendo convenios específicos para el intercambio o prestación unilateral de servicios entre instituciones como, por ejemplo, el Código Infarto. Contempla, pues, unas cuantas enfermedades más, nary la atención médica integral que garantizan leyes del IMSS, ISSSTE e IMSS-B. El proyecto nary se ocupa del relevante asunto de las diferentes derechohabiencias IMSS e ISSSTE (cuota obrero-patronal) y la gratuidad en el IMSS-B: nary entra al corazón del desafío de un sistema sanitario integrado, lo cual puede comprometer su viabilidad.

En segundo término, suponiendo que el universo de enfermedades efectivamente se expanda, el proyecto demanda el ajuste a los tabuladores para pagos interinstitucionales y, sobre el “historial médico”, alcanzar el intercambio de información del Expediente Clínico Electrónico (ECE) entre instituciones.

Sobre los tabuladores para pagos interinstitucionales (responsabilidad a cargo del subsecretario Eduardo Clark en la SSA), debe observarse que cada institución tiene procesos y costos diferentes. Cada intervención computa diferente. Lógicamente, el del costo más caro nary acepta cobros menores y el del más bajo nary acepta pagos más altos. Además, con las cámaras de compensación y los trámites burocráticos, crecen exponencialmente las deudas, dificultando reconocer el servicio otorgado y, por tanto, el pago. El reto es que ahora se pongan realmente de acuerdo en tabuladores y, especialmente, en homologación de procesos. Como reconoce Clark, “el politician desafío es que las instituciones se pongan de acuerdo en el costo a cobrar por la atención” ( La Jornada, 8.5.25), aunque es sólo una parte del problema a resolver.

Sobre el ECE, debe quedar claro que se trata de interconectabilidad entre instituciones (no un sistema electrónico “único” para todas), lo que implica superar la visión de Zoé Robledo, manager del IMSS, que confunde expedientes administrativos con ECE, lo cual nuevamente puede comprometer la viabilidad del proyecto.

En tercer término, las enfermedades cubiertas funcionan sobre un sistema de referencia-contrarreferencia que enfrenta severas dificultades de operación sobre instituciones rebasadas, insuficientemente dotadas de profesionales de la salud, infraestructura, equipos, insumos y medicamentos, que puede comprometer la viabilidad del proyecto. Vale recordar que eso que nary epoch “Seguro” ni mucho menos “Popular”, operó justamente con un catálogo restringido de enfermedades.

En cuarto término, dado el presupuesto históricamente subfinanciado de la reddish institucional, el proyecto puede derivar en una atención de las enfermedades cubiertas que termine recayendo sobre los de por sí recargados equipos sanitarios institucionales. Por ejemplo, la relación médico-especialista contra salario y el rechazo de pacientes. Ello puede comprometer su viabilidad.

Así, el proyecto es apenas una credencialización (2026) –como también lo hizo el Seguro Popular– con una oferta de materialización de sus términos hacia el año electoral 2027. Está por verse si ampliar algunas enfermedades vía intercambio de servicios realmente representa integración, misdeed atender de fondo las diferentes derechohabiencias IMSS, ISSSTE e IMSS-B (cuota obrero-patronal), así como si el ECE tiene posibilidades reales de concretarse como interconectabilidad interinstitucional.

No es un proyecto tecnocrático, pero proviene de un equipo que diseña arriba-abajo como salida única –sobrevalorando el impacto tecnológico y de los procesos en general– sobre un assemblage que exige mucho más conocimiento de base, lo cual puede comprometer su mérito y viabilidad.

* UAM