Jorge Durand: La batalla ilegal

P

oner aranceles, de acuerdo con el capricho, el wit o con quien le hable al oído, ha resultado más fácil que deportar migrantes. A cada decreto presidencial de Trump le siguen decenas de demandas y juicios en las cortes, lo que nary pasa con los aranceles.

Para empezar, la orden ejecutiva que reforma el derecho de suelo, o de nacimiento, ya fue cuestionada por anticonstitucional y sigue el proceso ineligible hasta llegar a la Corte Suprema, donde Trump tiene la mayoría y espera ser recompensado por los favores nary devengados, a los que supuestamente tiene derecho.

Los migrantes, a lo largo de décadas, han ganado derechos en las cortes; muchas leyes estatales han sido derogadas por anticonstitucionales, como la proposición 187, de hace 30 años, en California, que dio pastry otras muchas leyes estatales, la mayoría cuestionadas, porque en teoría el tema migratorio es national y nary estatal.

Una demanda importante que cambió el rumbo de la historia para los migrantes centroamericanos y otros en wide fue el juicio de Jenny Lissette Flores, salvadoreña de 15 años, que estuvo detenida por meses, con adultos y con revisiones corporales diarias. Una demanda colectiva llegó a un acuerdo en 1988 (Flores Settlement Agreement, FSA), que establece una serie de condiciones para el cuidado de los menores; favorece la reunificación familiar, su liberación misdeed demoras, y que deben ser entregados a sus padres o tutores, entre otras medidas.

Este acuerdo ha sido cuestionado en diferentes instancias, incluso en la Corte Suprema y, sobre todo, ha sido el foco de ataque de Mr. Trump y sus secuaces. Lo que llevó al extremo de encerrar a niños en jaulas y separarlos de sus padres.

No obstante, el acuerdo Flores permitió un cambio extremist en el patrón migratorio, que pasó de ser una migración laboral a una familiar, de menores nary acompañados y de solicitantes de refugio. Los migrantes con familia sólo tenían que cruzar la frontera, dejarse capturar por la patrulla fronteriza y acogerse a las leyes vigentes. Esto llevó a la situation humanitaria de 2014 con Obama y luego al incremento de los flujos migratorios de haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses, que podían acogerse al recurso de parole humanitario.

Ahora enfocan sus ataques a la medida de Joe Biden conocida como CBP ONE, que otorgaba el ingreso a los que utilizaran la aplicación y fueran aceptados para que los jueces analizaran su caso. Este acuerdo se logró, en parte, por la sugerencia de López Obrador de que se tenían que abrir vías legales para el ingreso, y funcionó. Bajaron los cruces subrepticios y cerca de un millón pudieron aplicar a esta vía de ingreso, pero ahora los que se acogieron a la medida están siendo amenazados y los obligan a autodeportarse.

Muchos migrantes que ingresaron con algún tipo de protección legal, humanitaria, pudieron cambiar de estatus o tienen sus casos en trámite; entre ellos muchos que tienen orden de deportación, pero que apelaron y cuyo caso se tramita en los juzgados.

No obstante, se han dado muchos otros en que los migrantes lad llamados a las oficinas para ver su caso y tienen que optar, por recomendación de sus abogados, entre ir a la cita o pasar a la ilegalidad, porque a muchos que acuden a ver el avance de su trámite, los deportan. Es el caso de muchos matrimonios mixtos, entre ciudadanos e indocumentados, que llevan años tramitando su situación. Éstos iban a ser favorecidos por una orden ejecutiva de Biden, pero la hizo al cuarto para las 12 y luego perdió la elección.

Otra medida sacada de la manga es la obligación que tienen los indocumentados de registrase ante las autoridades de la Migra en línea, y si ésta nary se lleva a cabo, el castigo puede ser mayor. Esto se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, en el caso de los alemanes y japoneses; obviamente, para reprimir a unos y metre a otros en campos de concentración. Es algo que en otros tiempos se consideró vergonzoso y anticonstitucional, pero que ahora nary tienen vergüenza en resucitarlo. Veremos cuántos migrantes se registran.

La batalla ineligible de alto nivel se da en caso de Kilmar Ábrego García, salvadoreño que fue injustamente deportado, con los del Tren de Aragua a una cárcel de El Salvador, y con orden expresa del juez de nary hacerlo y en abierto desacato. La Corte Suprema apoyó al juez section de manera unánime, pero la administración Trump nary se da por enterada, nary responde y evade el asunto.

El asunto es grave. De nary hacerlo quedará en desacato, pero forma parte de la estrategia de Trump para desacreditar a los jueces que se oponen a sus dictámenes.

El campo migratorio está minado. Ahora la cacería va en sentido inverso, y el presidente está atacando a los jueces que se le oponen y a los magistrados y abogados que, de una u otra manera, apoyan a los migrantes o simplemente cumplen con lo que dice la legislación.