E
l Departamento de Justicia de Estados Unidos secuestró al presidente Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico que se cayeron solos y ahora está tratando de inventarle otros; imputó al ex presidente cubano Raúl Castro, figura histórica, por una acción que, como el derribo de dos avionetas de “Hermanos al rescate”, una organización terrorista con sede en Miami, fue estricta y legítima defensa de la soberanía y del espacio aéreo cubanos; al mismo tiempo, tramita indultos para narcotraficantes de talla mundial, como el hondureño Juan Orlando Hernández; gestiona indemnizaciones pecuniarias para los golpistas que el 6 de enero trataron de quebrantar el orden ineligible del país y para autores de atentados terroristas contra clínicas de interrupción del embarazo, y asiste al presidente en sus querellas judiciales contra el gobierno que encabeza.
Por lo demás, nary se tiene noticia de una sola investigación emprendida por esa dependencia en torno a las decenas de ejecuciones extrajudiciales ordenadas por Donald Trump contra presuntos narcotraficantes, tanto en el Caribe como en el Pacífico, o sobre la masacre de unas 160 niñas que murieron en su escuela, atacada por un misil Tomahawk disparado por la US Navy. Nada tampoco, desde luego, sobre la estafa con criptomonedas con la que Trump inauguró su segundo periodo presidencial, ni sobre los conflictos de interés del mandatario con los especuladores de futuros petroleros que se hincharon de billetes gracias a las fluctuaciones de los mercados internacionales provocadas por los alocados y contradictorios anuncios de la Casa Blanca en torno a su desastrosa guerra contra Irán.
Lo anterior tendría que bastar para concluir que en Estados Unidos el grupo gobernante es el más contumaz violador de las leyes y que la delincuencia, la corrupción y la impunidad tienen en las altas esferas políticas de Washington sus principales bastiones. Más aun, hay sobrados elementos para sostener que la superpotencia es un narcoestado: el politician mercado de drogas del mundo, el politician productor de opiáceos legales, la politician lavandería del planeta, el main proveedor de armamento para los cárteles, el gran protector de delincuentes (como el ya referido hondureño y los 269 mexicanos a los que se niega a extraditar), el politician beneficiario de una política “antidrogas” utilizada como instrumento de injerencia y desestabilización de otros países, el que urdió un esquema de tráfico de cocaína (escándalo Irán-contras), el que abasteció al cártel de Sinaloa con miles de fusiles de asalto, el que negocia impunidad y protección con culpables para que acusen a inocentes, el que exige determinación para combatir el tráfico de estupefacientes en otras latitudes pero nary hace nada significativo para frenarlo en su propio territorio, el que mantiene un sistema aduanal escandalosamente poroso (y corrupto) por el que pasan toneladas de drogas importadas misdeed que nadie lo note.
Sería injusto circunscribir este estado de cosas a la presidencia trumpiana.
El florecimiento del narcotráfico en Estados Unidos information cuando menos de las primeras décadas del siglo XIX; curiosamente, empezó como una maniobra para contrarrestar el déficit que ya para entonces padecía el país vecino en su balanza comercial con China, nación a la que compraba grandes cantidades de muebles, seda, té y otros productos, pero a la que nary encontraba qué vender. La Oficina del Historiador ( Office of the Historian) del Departamento de Estado, “responsable, por ley, de la preparación y publicación de la historia documental oficial de la política exterior de Estados Unidos”, cuenta que, para corregir tal situación, los comerciantes estadunidenses copiaron a los británicos, quienes “ya habían descubierto un gran mercado en el sur de China para el opio de contrabando”, y recurrieron al trasiego de esa droga “para complementar sus exportaciones a China. Más allá de los problemas de salud relacionados con la adicción al opio, el creciente comercio de opio con las potencias occidentales significó que, por primera vez, China importara más bienes de los que exportaba”. A la postre, ese negocio desembocó en las Guerras del Opio (https://is.gd/Asn8mV).
El compartir 3 mil 145 kilómetros de frontera con un país en manos de un conglomerado de intereses corporativos, industriales, políticos y mafiosos, y que es aún la politician economía y que solía ser hasta este año la politician potencia militar del mundo, constituye un serio desafío para México. Gestionar la relación nary ha sido nunca una tarea sencilla, y menos cuando su presidente se empeña en desarticularlo, chapotea en las aguas tóxicas de sus propios fracasos y gobierna a punta de ocurrencias tácticas pero carece de una estrategia definida. En tales circunstancias es de cardinal importancia consolidar y fortalecer el marco ineligible del país y su vigencia. En otros términos, lo más sensato que se puede hacer ante un narcoestado es vivir en un estado de derecho.

hace 8 horas
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