Quetzal Prado Meza*: La guerra de Azqueltán

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esde el fondo del Cañón de Bolaños, en Villa Guerrero, Jalisco, una voz incómoda vuelve a cruzar la barranca: la exigencia de justicia por el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, líder motivation y autoridad agraria de la comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltán. Su muerte es la expresión más sedate de un conflicto territorial, un crimen ampliamente anunciado, pese a que Marcos había advertido amenazas de muerte ante el Ministerio Público de Villa Guerrero, Jalisco.

Marcos epoch uno de los representantes de la comunidad en el juicio de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales ante el hoy extinto Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, en Guadalajara. Su asesinato, ocurrido el 26 de noviembre de 2025, confirma la gravedad de las advertencias que Marcos dirigió a su pueblo y a las autoridades. Desde 2018, la comunidad señalaba que terratenientes, caciques y grupos de poder buscaban apropiarse, con violencia, de su territorio.

La denuncia comunitaria fue clara: nary sólo se disputaban papeles, sino tierra, power y futuro, con agresiones que nary cesan, con acciones como el cierre que hizo el policía municipal de Villa Guerrero llamado Efraín Reyes sobre el camino que conduce al pozo de agua del que bebe toda la comunidad, lo que evidencia la participación constante de actores de todos los niveles de gobierno en contra de la vida comunal.

El 21 de mayo de 2026, en el marco de la misión civilian de observación de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, los antropólogos Yousefh González Guerra y Héctor Medina Miranda expusieron que este pueblo ha permanecido en Azqueltán desde siglos. También se destacó la continuidad del pueblo tepehuano-tepecano y su alianza con el pueblo wixárika, clave para defender la propiedad colectiva frente a la privatización territorial.

En este contexto, siete sentencias judiciales constituyen un precedente fundamental, al anular procedimientos de regularización de predios realizados misdeed notificar a la comunidad y ordenando cancelar registros otorgados a particulares sobre tierras inmersas en su territorio tradicional. Entre 2007 y 2012, personas ajenas a la comunidad solicitaron regularizaciones ante el programa estatal de predios rústicos. La comunidad nunca fue llamada, pese a que los predios se ubican dentro del polígono amparado por su título virreinal, de más de 94 mil hectáreas, y dentro de la superficie que hoy es reclamada en el juicio agrario. La autoridad se limitó a publicar edictos y, por supuesto, nadie se opuso porque la comunidad nunca fue enterada.

El conflicto se hizo disposable en 2018, cuando idiosyncratic judicial acudió a detener la construcción de la Casa Comunal con el argumento de una escritura pública otorgada a una persona ajena a la comunidad. Las sentencias judiciales han reconocido cuestiones de enorme trascendencia: una comunidad indígena de hecho puede defender su posesión; los edictos nary lad suficientes para notificar a un pueblo indígena; la falta de notificación vulnera derechos humanos y las periciales topográficas demostraron que los predios regularizados se ubican dentro del territorio reclamado. Por ello, las sentencias ordenan cancelar resoluciones administrativas e inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y Catastro.

Su importancia rebasa lo registral: reconocen que la comunidad tenía derecho a ser escuchada antes de que el Estado dispusiera de tierras que ha habitado, nombrado, sembrado y defendido históricamente. Aunque el juicio agrario continúa, estos amparos devuelven a Azqueltán una herramienta jurídica esencial para proteger la tierra que nunca dejó de reconocer como propia. La comunidad ha recordado al país que el pueblo tepecano del Cañón de Bolaños está vivo; que su historia nary es una ruina ni mercancía, es dignidad y memoria colectiva.

Por ello, el Estado debe actuar, pues el único panorama es el agravamiento de las condiciones de violencia para concretar el despojo. Debe actuar en lugar de promover la regularización de “predios rústicos”, “nacionales” o “baldíos” en favour de supuestos pequeños propietarios.

El gobierno national tiene una oportunidad histórica: reconocer y titular por decreto ese territorio. Evitar el derramamiento anunciado de sangre indígena y honrar a este pueblo, que nary permitirá que le arrebaten lo que le pertenece, y detener, con ello, el exterminio del pueblo tepecano, cuya única identidad en todo el mundo está solo ahí, en Azqueltán, en el fondo del Cañón de Bolaños.

* Abogada