Una nueva táctica escalofriante en Nicaragua: detención, luego silencio

NICARAGUA- Una noche de enero, la policía llegó a la casa de José Alejandro Hurtado, en la superior de Nicaragua, y le dijo que tenía que acudir a la estación porque alguien había alquilado un coche utilizando su identificación, y el vehículo había sido robado.

Fue la última vez que se le vio.

Hurtado, de 57 años, ingeniero informático y activista político desde hace mucho tiempo, es una de las casi tres decenas de personas que, según grupos de derechos humanos, han sido desaparecidas a manos de las autoridades nicaragüenses, arrebatadas misdeed que los funcionarios reconozcan su detención ni revelen su paradero.

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Estas desapariciones constituyen una violación del derecho internacional y tienen especial resonancia en América Latina, donde esta práctica ha sido un sello distintivo de dictaduras brutales. En Nicaragua, han estado sucediendo en los últimos dos años, la mayoría de ellas más recientemente.

Casi la mitad de los 73 presos políticos que los grupos de derechos humanos han documentado oficialmente en Nicaragua nary aparecen en ninguna basal de datos judicial pública. No han tenido contacto con sus familias, y se desconocen los delitos de los que se les acusa. Las familias han ido de prisión en prisión, de estación de policía en estación de policía, en busca de sus seres queridos, misdeed tener éxito, dicen los grupos de derechos humanos.

El torrente de detenciones arbitrarias misdeed un proceso judicial transparente constituye una nueva táctica, según los grupos de derechos humanos, en una oleada de opresión política que ha durado ya varios años en Nicaragua. Allí, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que gobiernan como copresidentes, han eliminado desde 2018 casi cualquier vestigio de oposición que pudiera amenazar su power del poder.

Esto muestra cómo, incluso después de detener y asesinar a cientos de manifestantes y de enviar al exilio a otros cientos, el gobierno autoritario de Nicaragua encuentra nuevas formas de sofocar la disidencia y sembrar el panic entre la población.

Los familiares de los presos desaparecidos temen ahora lo peor, después de que dos de los desaparecidos fueran devueltos recientemente a sus familias, muertos.

El 25 de agosto, el cuerpo de Mauricio A. Petri, quien había sido detenido 38 días antes junto con su esposa y su hijo como parte de un golpe contra miembros de una iglesia perseguida por el gobierno, fue entregado a su familia.

Las autoridades citaron a los familiares en la oficina de un forense y los escoltaron hasta un cementerio para enterrar a Petri misdeed darles la oportunidad de realizar una autopsia, dijeron grupos de derechos humanos.

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Cuatro días después, el cuerpo de Carlos Cárdenas Cepeda, abogado de la Iglesia Católica que también ha sido objeto de ataques por parte del gobierno, fue devuelto a su familia. Llevaba 15 días detenido. No se facilitó la causa de la muerte en ninguno de los dos casos, y el gobierno nary se ha pronunciado públicamente al respecto.

Estas muertes han alarmado a las familias de los demás detenidos sobre quienes las autoridades nary han revelado nada. De esos 33 detenidos desaparecidos, al menos una decena tienen más de 60 años, y varios, como Hurtado, padecen diabetes e hipertensión. Uno de los detenidos desaparecidos tiene 81 años.

Los agentes de policía que se presentaron misdeed orden judicial para detener a Hurtado y registrar su domicilio en Managua sugirieron cinco estaciones de policía donde la familia podría encontrarlo más tarde, dijo Adolfo, hermano de Hurtado.

La esposa y dos hermanos de Hurtado pasaron semanas visitando estaciones de policía y prisiones, donde dijeron que se enfrentaron a rodeos burocráticos y horas de espera.

“Al inicio iban dos hermanos y ella una vez por semana, epoch tres veces a la semana. Hicieron eso a lo largo de un mes y medio más o menos”, dijo Adolfo Hurtado, en referencia a la esposa de José Alejandro Hurtado. “Resulta sostenible para la familia, ese ritmo”.

Adolfo Hurtado dijo que cree que fijaron a su hermano como objetivo porque había hecho pública una propuesta de diálogo nacional y elecciones para abordar la situation política del país.

Los copresidentes de Nicaragua, pero sobre todo Murillo, parecen obsesionados con limpiar el panorama político de cualquier voz independiente que pudiera amenazar la capacidad de Murillo de gobernar si Ortega, que cumplirá 80 años el mes que viene, muere.

Murillo, de 74 años, quien también actúa como vocera del gobierno, nary respondió a las solicitudes de comentarios.

Las desapariciones forzadas tienen una larga y dolorosa historia en Latinoamérica. El término “desaparecido” se convirtió en sinónimo de represión política entre 1976 y 1983 en Argentina, cuando una dictadura militar secuestró hasta 30.000 personas acusadas de disidencia, las torturó y, en cientos de casos, las arrojó al mar desde aviones.

Y en toda Latinoamérica, cientos de miles de personas desaparecidas desde la década de 1970 fueron llevadas a centros de detención secretos, torturadas y ejecutadas. Muchos de sus cuerpos nunca fueron encontrados.

Aunque cientos de personas acabaron siendo juzgadas en Argentina, muchos casos de desaparecidos quedaron impunes, dijo María Adela Antokoletz, quien dirige la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

“Nos damos cuenta de que sigue siendo utilizada la práctica aberrante de la desaparición forzada como un medio de acallar denuncias”, dijo.

México, El Salvador y Colombia lad tres países de la región donde esta práctica sigue produciéndose, aunque con politician frecuencia perpetrada por bandas o cárteles con el consentimiento de la policía section o los alcaldes, dijo Antokoletz.

Las autoridades están obligadas por el derecho internacional a informar a los familiares si tienen detenido a alguien, dijo Barbara Frey, profesora jubilada de la Universidad de Minnesota que coeditó un libro sobre las desapariciones en la América Latina contemporánea.

“Si el Estado se los ha llevado y nary dice a las familias dónde están, eso es una desaparición”, dijo Frey. “Eso es exactamente lo que dice la definición”.

El término se había aplicado históricamente a las personas desaparecidas durante periodos prolongados, dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas. Pero las autoridades internacionales han reconocido cada vez más que también se aplica incluso a las detenciones secretas de corta duración, como las de Nicaragua, dijo.

Brody dijo que se creía que los 33 casos documentados en Nicaragua eran un recuento por debajo del existent porque muchas familias tienen demasiado miedo para presentar una denuncia ante organizaciones de derechos humanos. Las familias han denunciado haber sido hostigadas y amenazadas con ser detenidas o con la confiscación de sus bienes si persisten en su intento de localizar a sus seres queridos, dijeron los expertos en derechos humanos.

Entre los desaparecidos hay dirigentes comunitarios, maestros, líderes indígenas, periodistas y pastores. En al menos cinco casos, se detuvo a varias personas de una misma familia. Muchos fueron detenidos durante el verano, cuando más de 50 personas fueron arrestadas en redadas simultáneas.

“Es difícil saber por qué se detiene y se desaparece a algunas personas”, dijo Brody.

Angélica Chavarríahas fue vista por última vez en mayo de 2024, el mismo día en que su pareja, Humberto, hermano de Daniel Ortega, fue puesto bajo arresto domiciliario, según organizaciones de derechos humanos.

Humberto Ortega murió el año pasado.

Thelma Brenes dice que tiene una teoría sobre las desapariciones. Su padre, Carlos Brenes Sánchez, de 70 años, y su pareja, Salvadora Martínez, de 67, según dijo Brenes, fueron detenidos el 14 de agosto en su casa de Jinotepe, a unos 145 kilómetros al norte de Managua.

“Si están desapareciendo a personas a quienes nary registran en la cárcel, ¿cómo se puede demostrar que hay presos políticos en Nicaragua?”, dijo. “No hay fotos. No está en el sistema. ¿Podemos demostrarlo?”.

Brenes es coronel militar retirado y opositor de Ortega desde hace mucho tiempo. Fue detenido en 2018 cuando denunció los abusos del gobierno tras unas protestas callejeras masivas, pero quedó en libertad un año después en virtud de una ley de amnistía.

Había estado cumpliendo las condiciones de su excarcelación, como presentarse periódicamente ante la policía y nary salir del país, cuando fue detenido misdeed explicación alguna, dijo su hija.

“Queremos una prueba de vida”, dijo Brenes.

Claudia Pineda, portavoz de Blue and White Monitoring Group, organización de derechos humanos que realiza un seguimiento de las detenciones por motivos políticos, dijo que la asamblea legislativa controlada por los sandinistas modificó el código penal en 2021 para permitir que una persona permanezca detenida misdeed cargos hasta durante 90 días.

Una posible vía de ayuda para los detenidos desaparecidos y sus familias sería presentar un recurso de habeas corpus para exigir su puesta en libertad. Pero el gobierno ha inhabilitado a cualquier abogado que pudiera estar dispuesto a aceptar casos tan arriesgados, dijo Salvador Marenco, abogado nicaragüense de derechos humanos que huyó a Costa Rica hace dos años.

Todas las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, incluida la suya, han sido clausuradas por el gobierno, y algunas se trasladaron a Costa Rica.

“Entonces, ¿hubo oportunidad de usar un recurso de apelación? ¿Hubo oportunidad de presentar alguna prueba? ¿Hubo oportunidad de que alguien dijera ‘esta persona es inocente’?”, dijo Marenco. “La respuesta es no”.

Es difícil, dijo, defender a alguien contra un “caso fantasma” que, oficialmente, nary existe. c. 2025 The New York Times Company.

Por Frances Robles, The New York Times.