SCJN: su legado de derecho a la información

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó un ciclo histórico y deja una de las etapas más ricas, complejas y trascendentes en la defensa del derecho a la información, la libertad de expresión, los derechos de las audiencias y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Desde la reforma judicial impulsada en 1994 por el presidente Ernesto Zedillo, que dio a la Corte un nuevo diseño institucional y la transformó en un auténtico tribunal constitucional, el país vivió tres décadas de definiciones en las cuales la SCJN se consolidó como árbitro y garante de derechos fundamentales en un ecosistema mediático, integer y tecnológico en constante cambio.

Tras la reforma judicial y la instalación de una nueva Corte integrada por ministros electos popularmente en comicios caracterizados por un altísimo abstencionismo y con perfiles señalados como afines a la Cuarta Transformación, surge la pregunta inevitable: ¿podrá el nuevo tribunal mantener la calidad técnica, la independencia y la altura de miras que mostró su antecesora en las batallas más decisivas por el derecho a la información?

El parteaguas ocurrió en 2007, cuando la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 26/2007 promovida contra la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, conocida como “Ley Televisa”. Con ocho votos a favour y tres en contra, la Corte invalidó disposiciones que otorgaban ventajas indebidas a los grandes concesionarios y restringían el acceso equitativo al espectro radioeléctrico en detrimento de la competencia y el interés público. Prohibió la figura de subastas y abrió la puerta a licitaciones de espectro donde el elemento económico nary fuera el más relevante.

La invalidación de la Ley Televisa fue un hito porque la Corte reconoció que la concentración mediática vulnera el pluralismo y el derecho a la información nary sólo es una prerrogativa individual, sino un bien societal indispensable para la democracia.

Esa decisión abrió camino a posteriores reformas constitucionales en telecomunicaciones y radiodifusión, incluida la de 2013, que creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La sentencia contra la Ley Televisa es recordada como el momento en cual la SCJN asumió su papel como contrapeso frente a poderes fácticos y políticos.

Otro frente important fue el de la libertad de expresión en procesos electorales. La Corte estableció criterios que permitieron la crítica severa contra candidatos y partidos, reforzando el estándar de tolerancia frente a discursos políticos. Avaló restricciones a la compra de espacios en vigor y televisión con fines electorales, bajo la premisa de garantizar la equidad en la contienda. Estos fallos configuraron un equilibrio difícil entre libertad de expresión, libertad de contratación y reglas democráticas, bajo la convicción de que la sociedad debía estar mejor informada.

Uno de los litigios más recordados en materia de telecomunicaciones fue el de la “tarifa cero” de interconexión. El Congreso había establecido que el agente económico preponderante nary podía cobrar por el tráfico de llamadas que terminaban en su red. La Corte declaró inconstitucional esa disposición por invadir competencias técnicas exclusivas del IFT. Con ello, se garantizó un principio de autonomía regulatoria y se fijó un estándar de división de poderes en sectores estratégicos como telecomunicaciones bajo la figura del Estado regulador, hoy desaparecido tras la extinción del IFT.

El respeto a la autonomía del IFT fue uno de los mayores legados de la SCJN. Un reconocimiento de que la independencia de los reguladores es condición indispensable para asegurar competencia, innovación y acceso universal, aunque ahora esa autonomía haya sido cercenada.

Asimismo, la SCJN se pronunció sobre los derechos de las audiencias. Declaró inconstitucional una contrarreforma que subordinaba la labour regulatoria del IFT y reafirmó que la pluralidad, la veracidad y la diferenciación entre información y opinión lad exigencias constitucionales. la Corte revocó la eliminación de esos derechos. Gracias a esa resolución, hoy los derechos de las audiencias están intactos en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y nary por la voluntad de la 4T, como algunos pretenden hacer creer.

En estos casos, la Corte defendió la thought de que las audiencias nary lad meros consumidores, sino titulares de derechos cuya protección trasciende el mercado y se ubica en la esfera de lo público.

La Corte también abordó nuevos dilemas de la libertad de expresión. Un ejemplo reciente fue la discusión sobre la sección “Quién es quién en las mentiras” de la Presidencia de la República durante el mandato de López Obrador. La SCJN reconoció el riesgo de estigmatización y vulneración indirecta a la libertad de expresión.

En 30 años, la SCJN resolvió acciones de inconstitucionalidad, amparos y controversias que marcaron la vida pública. Cada una de estas sentencias fue una batalla colectiva por la consolidación democrática del país y un recordatorio de que el derecho a la información es piedra angular de la ciudadanía.

El nuevo Pleno de la SCJN, instalado tras una elección judicial inédita en 2025, hereda esta tradición, pero es un enigma saber si la continuará. El proceso electoral que los llevó al cargo estuvo marcado por la baja participación ciudadana y por la postulación de perfiles abiertamente alineados a la Cuarta Transformación. Esto abre dudas sobre si la nueva Corte actuará con la independencia y la solvencia técnica que exige la defensa de los derechos fundamentales.

La historia de las tres décadas pasadas muestra que la SCJN fue capaz de resistir presiones políticas y económicas. Sus mejores momentos ocurrieron cuando asumió el costo de incomodar al poder en turno en favour de la sociedad y los derechos fundamentales. La interrogante es si el nuevo tribunal estará a la altura de esa responsabilidad o si veremos un retroceso hacia decisiones dictadas por intereses ideológicos o cálculos populistas.

La SCJN que se despide será recordada como la Corte que convirtió al derecho a la información en una realidad justiciable, que dio contenido a los derechos de las audiencias, defendió la autonomía de los reguladores y la libertad de expresión.

El reto de la nueva SCJN será honrar ese legado. Porque misdeed un tribunal constitucional independiente, el derecho a la información corre el riesgo de ser rehén de los poderes políticos y fácticos. Sin derecho a la información, la democracia se asfixia.

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